Al grito de "el Poder Judicial no va a caer", trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se fueron a paro y cerraron los accesos del edificio ubicado en el Zócalo. Los empleados informaron que no se permitirá el acceso de nadie, por lo que existe el riesgo de que los ministros no sesionen este jueves.
Este es el último episodio en la escalada de acontecimientos que derivaron tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador con su intención para hacer una reforma al Poder Judicial, del que acusa, está en manos de "unos cuántos". Apenas esta semana, el mandatario anunció "una pausa" en las relaciones con los embajadores de Canadá y Estados Unidos, luego de que han criticado la medida del gobierno.
El jueves pasado, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que la propuesta oficialista —que, entre otras cosas, implica que los jueces sean elegidos por voto popular— supondría un “riesgo” para la democracia mexicana y podría poner en peligro la relación comercial con Estados Unidos. Canadá manifestó su preocupación en el mismo sentido.
La iniciativa de reforma constitucional lleva meses generado tensión en México porque sus críticos consideran que podría comprometer la independencia judicial al dejar la designación de jueces a una cuestión de popularidad. Pero este mes, incrementaron las voces en su contra tanto de académicos como de entidades de análisis económico y de los jueces y trabajadores de las cortes federales, que iniciaron la semana pasada un paro de labores y protagonizaron diversas protestas.
López Obrador calificó entonces los comentarios de Salazar, un diplomático que ha sido muy cercano al mandatario durante toda su administración, como una “falta de respeto a nuestra soberanía” y por ello México envió una nota diplomática a Estados Unidos al respecto.
El diplomático ha insistido en que siempre ha respetado la soberanía de México pero el martes divulgó en sus redes sociales una nota diplomática enviada el jueves en la que se insiste en la preocupación por el hecho de que “la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial” mexicano.
