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En política migratoria nada que pueda avergonzarnos: Marcelo Ebrard

Por:Redacción
jueves 12, de septiembre de 2019 - 11:09 AM


CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La actual política migratoria de México ha dejado de ser un asunto interno, como era habitual, para convertirse en una cuestión de política exterior cada vez más militarizada, con generales en puestos clave y una fuerte estrategia de contención, basada en lograr a toda costa las cifras exigidas por Washington aunque a veces mediante acciones cuestionables.

Esta visión tiene poco que ver con la mano tendida al migrante ofrecida por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder y ha sido criticada por diversos sectores. Sin embargo, va a continuar. El gobierno cree que es una estrategia exitosa porque ha frenado el flujo migratorio y Estados Unidos también, aunque exige más.

“No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzarnos”, aseguró el canciller Marcelo Ebrard tras su visita el martes a la Casa Blanca para evaluar el acuerdo migratorio firmado con Washington hace tres meses. “Jamás lo haríamos”.

Sin embargo, no todos coinciden.

Más de 100 colectivos de la región, incluidas varias ONG estadounidenses, firmaron el martes una carta en la que denuncian algunas prácticas “arbitrarias, indiscriminadas y por ende ilegales”. La ONU, mientras tanto, ha alertado de la situación de mayor vulnerabilidad en la que se han quedado miles de migrantes y otros expertos hablan de improvisación a la hora de tomar decisiones y del peligro de que se incrementen los abusos contra ellos.

Después de la amenaza lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos a finales de mayo, aumentaron las medidas de contención contra quienes huían de la violencia o la pobreza, se precipitó el despliegue de la nueva Guardia Nacional y el sociólogo a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, fue sustituido por el hasta entonces jefe de las prisiones del país, Francisco Garduño.

Posteriormente, los cambios continuaron de forma más silenciosa bajo el control de facto del canciller, la voz autorizada en el tema que favoreció una mayor presencia militar.

Ocho generales o vicealmirantes, tres de ellos retirados, fueron nombrados delegados del INM en estados clave como Quintana Roo, Veracruz, Jalisco o Coahuila. Se ampliaron los retenes, redadas y controles con más de 21.000 militares y guardias nacionales en las dos fronteras y las rutas migratorias. Y a ellos se unieron policías de distintos cuerpos. Además, proliferaron las amenazas a transportistas para que no vendieran boletos a personas que no tienen su documentación en regla o serían multados.

La presión para presentar resultados ante Washington llevó incluso a exigir a las delegaciones del INM cuotas de arrestos por estado que había que cumplir a toda costa, confirmaron a The Associated Press dos personas que aseguran conocer esta situación y que pidieron el anonimato por temor a represalias. No aclararon de quién vino la orden.

Una de estas personas denunció, además, que se les pedía llevar a cabo “practicas fuera de la ley”, como acompañar a policías locales sin orden judicial a entrar en una casa para ’rescatar´ a migrantes cuyo destino sería la deportación, en lugar de llevarlos ante las autoridades competentes por ser presuntas víctimas o testigos de un delito, algo que les abriría la puerta a una visa en el país.

De hecho, las ONGs firmantes de la carta denuncian el uso de eufemismos como “rescatar” o “auxiliar” para enmascarar detenciones y deportaciones que no se ciñen al debido proceso.

El poder castrense, aunque bajo mando civil, quedó en evidencia en julio cuando se filtró un audio de Carmen Yadira de los Santos, responsable del INM en Chiapas, frontera con Guatemala, durante una reunión con su equipo.

Fuente: Expediente Noticias
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