La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano ha acelerado el proceso de la iniciativa enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que elimina siete órganos autónomos y entes reguladores. Ya está listo el anteproyecto pesé al acuerdo aprobado la semana pasada que establecía el 15 de agosto como primera fecha. Los legisladores de oposición, a los que ha tomado por sorpresa la celeridad, confían que pese a la prematura presentación del documento, el calendario para votar la iniciativa no sea alterado. El predictamen no contiene cambios respecto a la iniciativa enviada por el mandatario. La propuesta de reformas a diversos artículos de la Constitución desaparece órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para destinar los recursos al recién creado Fondo de Pensiones y a programas sociales.
La distribución del documento ha tomado por sorpresa a algunos legisladores de oposición que integran la instancia legislativa pese a que ya se encontraba en la página Web de la comisión desde el 30 de abril Consideran que el acelerón para su distribuirlo viola los propios acuerdos propuestos por los legisladores de Morena, dijo Jorge Triana, diputado del PAN e integrante de la instancia. Sin embargo, refiere que la distribución del anteproyecto no cambia en nada el calendario ya aprobado, por lo que confía que no sea hasta el último día de la primera quincena de agosto cuando inicie su proceso legislativo. Braulio López, coordinador de Movimiento Ciudadano y miembro de la comisión, también se mostró sorprendido por el adelanto del proyecto que aún no revisa.
El argumento de la iniciativa presidencial se ancla en la presunta falta de legitimidad de los organismos, sumado a la necesidad de racionalizar los recursos públicos, la promoción de la llamada austeridad republicana y evitar la duplicidad de funciones que permitan mayor inversión en programas sociales. La propuesta contempla también la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
