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Incómoda porque competiría con tarifas más bajas en el mercado de internet que los monopolistas, pero también por su atrevimiento a la crítica y compromiso con la libertad de expresión.
El grupo empresarial MVS planteó la posibilidad de que los mexicanos pudieran acceder a internet, a través de la banda de 2.5 Gigahertz, al doble de velocidad y a la mitad de precio, con todas las consecuencias que podían suponerse: mayor acceso la educación e información de sectores de la población que hasta ahora no tienen el servicio por deficiente y costoso.
El gobierno federal torpedeó el proyecto y acudió a una de las peores prácticas y a uno de los instrumentos más perversos: el autoritarismo.
Bajo un clásico disfraz, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que iniciaría el "rescate" de la banda.
¿De quién o quiénes deben rescatar la banda? El gobierno en los hechos impidió que MVS la utilizara para dar precios bajos y ahora habla de "rescatarla". ¿No se supone que en una libre competencia precisamente hay que rescatar a los consumidores de los monopolios?
La postura oficial es que no se llegó un acuerdo benéfico para el Estado en lo que hace a la contraprestación que debían pagar MVS y sus socios para iniciar el proyecto. El gobierno, bajo la lógica de asustar y ahorcar al concesionario, pedía mil 200 millones de dólares. MVS ponía sobre la mesa más de 500 millones de dólares, cantidad por encima de lo que se ha pagado en economías de primer mundo, ajustando la cantidad en proporción al tamaño de la economía de México.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recurrió a todas las tácticas más sucias para golpear el proyecto de MVS, pasando por las prácticas dilatorias, el sabadazo en Semana Santa y llegando al franco chantaje ante un medio que se convirtió en una voz crítica pero sobre todo incómoda del poder en turno.
El propio Joaquín Vargas y el grupo MVS en general consideran que el gran beneficiario de tal mediada es Televisa, que a través de Cablevisión y la Canitec presionó para que se le retirarán las concesiones. Con su pretensión, la televisora se coloca en la primera línea para tratar de hacerse de la banda de 2.5 y frena la posibilidad de la competencia y de un cuadruple play que pudiera ofertar MVS junto con Dish.
El "rescate" como le llama el gobierno, la expropiación, como le titulan los expertos deberá pasar por los tribunales ante una sociedad que ha demandado democratizar los medios y que exige, desde hace años, el freno a los monopolios.
Joaquín Vargas recuerda que el propio presidente Felipe Calderón se extrañó y mostró su inconformidad con la expropiación de la filial de Repsol en Argentina. Pero cuando se trata del país y de frenar una competencia incómoda y crítica, se apelan a otras excusas.
¿No nos dicen constantemente que Hugo Chávez en Venezuela es una amenaza por sus expropiaciones? ¿Se justifica la práctica en México, aunque sea "nada más tantito" o una sola vez?
A MVS le quitan la oportunidad de un negocio, a la población la posibilidad de tener acceso a internet más rápido más barato y veloz. ¿Qué gobierno se puede oponer a eso? No se supone que en un gobierno que presume ser equitativo el compromiso debiera ser con los más marginados? ¿Por qué dejarlo todo en manos de un monopolio que va a dejar el servicio más caro?
¿Por qué negarle el acceso a internet a quienes no lo tienen, por qué beneficiar a quienes pretenden avasallar a su sector?
En el fondo del caso también hay un golpeteo y un intento por limitar la libertad de la expresión. El gobierno prefiere quitarse voces incómodas aunque ello signifique fortalecer monopolios.
Lo que contó Joaquín Vargas no es meramente anecdótico sino refleja lo mucho que le puede molestar la crítica al gobierno en turno.
Primero, un Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, quien hoy se da sus baños de pureza, condicionando en febrero de 2011 reiniciar las gestiones del proyecto siempre y cuando Carmen Aristegui se disculpara públicamente con el presidente por haber preguntado en su espacio noticioso sobre un supuesto alcoholismo presidencial.
Presiones absolutas y absurdas de un gobierno para seguir con el proyecto a cambio de la cabeza de la periodista.
Nada de esto se explica por instrucciones presidenciales.
Vargas aporta otro dato relevante: El encuentro del 13 de febrero de 2011 que tuvo con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y en el cual Lozano reconoció que el proyecto de internet de MVS -barato y para todos- tenía sus méritos propios pero le advirtió que si recontrataba a Aristegui "al proyecto se lo llevaba la chingada".
A partir de entonces el Consejo de Administración de la empresa siguió su camino sin aceptar el chantaje.
Claro en el marco de la clásica técnica del deslinde, Javier Lozano, ya como senador electo del PAN, asegura que fue al revés y e intenta colocarse en plan de víctima: el gobierno quería ser chantajeado, afirma.
A pesar de la débil e inverosímil defensa de Lozano es evidente que hace unos días el gobierno federal cumplió su amenaza: canceló toda posibilidad del proyecto pretextando que “recuperaría” la banda inutilizada para licitarla.
Pero habrá una intensa defensa jurídica por parte de MVS que de acuerdo a los abogados de la empresa puede llevar hasta 5 años, tiempo en el que los principales perjudicados son los mexicanos. Para el gobierno lo último que importa es si hay internet barato para todos sino entregar el pastel a los favorecidos de siempre.
El gobierno calderonista le heredará el problema a la próxima administración. Se ve difícil que un gobierno que decidió actuar de esta manera y que ha sido exhibido pueda rectificar en las semanas que le quedan.
El gobierno federal decidió dinamitar la competencia incómoda y beneficiar a la televisora de siempre. A partir de esa premisa se inventan pretextos técnico-administrativos que no convencen a nadie.
P.D. Joaquín Vargas contó también que las incomodidades con el grupo MVS iniciaron a partir del surgimiento de Dish y sus precios bajos que, claro, molestaron a Televisa y a sus representantes gubernamentales. |
