En medio de la caída de los ingresos petroleros, el próximo presidente de Colombia tendrá que empujar cuanto antes en el Congreso impopulares reformas fiscales para evitar que el país pierda el codiciado grado de inversión y el flujo de inversiones que viene con él.
El país sudamericano celebrará elecciones el domingo para escoger al sucesor del presidente Juan Manuel Santos, con una economía en recuperación después de golpes como el escándalo de corrupción de Odebrecht, que frenó proyectos de infraestructura, huelgas de camioneros y agricultores y fenómenos climáticos.
Pero se espera que el presidente se defina en una segunda vuelta en junio, probablemente entre el favorito derechista Iván Duque, que representa continuidad en la política económica, y el izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro, que busca una revisión profunda del modelo.
“Si yo, como Gobierno no me ocupo de mostrar una consolidación fiscal en los primeros seis meses, en enero o febrero del año entrante Moody’s y Fitch nos van a hacer un ‘downgrade’”, opinó Munir Jalil, economista jefe de Citibank. “El inversionista se va a ir y va a generar un problema grave de balanza de pagos”.
La cuarta economía de América Latina -con un PIB de 324.000 millones de dólares- recortó en los últimos dos años a la mitad el ritmo promedio de crecimiento anual de las últimas tres décadas. Pero los analistas esperan este año una expansión del 2,7 por ciento desde el 1,8 por ciento del año pasado, aún lejos del nivel ideal estimado en 5 por ciento.
Sin importar quien gane, economistas, académicos, gremios y empresarios coinciden en que el nuevo mandatario tendrá que buscar una reforma tributaria para sustituir impuestos que vencen este año y compensar el desplome de ingresos petroleros, que en los últimos tres años cayeron un 40 por ciento.
De acuerdo con los objetivos anuales del país, el déficit fiscal tiene que ir disminuyendo gradualmente desde la meta de este año del 3,1 por ciento del PIB hasta un 1,5 por ciento en el 2022.